miércoles, 29 de febrero de 2012

El coqueto: La huella del asesino





Para cuando la policía colombiana descubrió que había decenas de niños asesinados en diversos departamentos (provincias) de ese país, y que podía deberse a un homicida serial, Alfredo Garavito Cubillo ya había torturado y matado a más de un centenar de menores. El peor asesino en serie de América Latina llevaba siete años activo. Pasarían casi tres años más para que lo atraparan en 1999.

Las cifras de Garavito no son claras: unos contabilizan 200 niños asesinados; otros 170; el homicida reconoció 140.

En 2005, el fiscal colombiano Álvaro Vivas Botero, dictó en nuestro país su conferencia magistral “El caso Garavito: homicida serial”, y abordó las coincidencias del caso con los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez.

En ese entonces Vivas Botero enfatizó que Garavito había podido actuar con impunidad durante muchos años porque no había comunicación entre las policías de las diferentes provincias de Colombia.

Si hubiera existido esta colaboración, incluso se le hubiera podido detener antes de que empezara a matar, ya que antes había abusado y torturado alrededor de 200 niños. Vivas Botero cuestionó: ¿Existe en la República Mexicana, una base de datos con todos los desaparecidos?, ¿existe intercambio de información entre procuradurías?

En días recientes, la policía mexiquense aprehendió -para luego dejar escapar- al “Coqueto”, presunto violador y asesino que operaba en el Estado de México y el Distrito Federal. Se le vincula con al menos siete feminicidios de jovencitas.

En la Ciudad de México, cuya mancha urbana cubre el Distrito Federal y el Estado de México, si bien hay ejercicios de colaboración entre procuradurías, el caso de “El Coqueto” vuelve a poner el tema en la balanza.

Se han detectado, por ejemplo, casos en que violadores detenidos en el Distrito Federal ya tenían antecedentes en el Estado de México. Pero la procuraduría capitalina se enteró hasta que había asegurado al sospechoso. Con un intercambio pleno de información, se evitarían muchos delitos de alto impacto.

Cabe preguntarse si una colaboración más profunda entre las procuradurías mexiquense y capitalina hubiera permitido una detención más rápida de “El Coqueto”. (Aunque frente al escape del presunto feminicida, quien se fugó por una ventana incluso estando esposado y vigilado, quizá las preguntas deban ser otras.)  



*Columna publicada el miércoles 29 de febrero de 2012 en El Universal Gráfico.


**Leer también: Los otros monstruos



jueves, 23 de febrero de 2012

Petardazos: el quid del porrismo





*Columna publicada originalmente en El Gráfico el 22 de febrero de 2012




Lydiette Carrión


Deveras, deveritas, así de cuates, ¿alguien realmente cree que los porros del Bachilleres 3 puedan hostigar y talonear a su comunidad, sin la complicidad de alguna autoridad? ¿A poco la Secretaría de Seguridad Pública local es tan inepta como para permitir el segundo incidente con petardos en un metro, realizado por el mismo grupo, y en menos de cuatro meses?

Los porros no sólo son una pandilla; también constituyen un jugoso capital para políticos y autoridades, que los han aprovechado en campañas, como grupos de choque en movimientos sociales, etcétera.

El PRI, por ejemplo, en los años ochenta subsidió a los porros mediante la Comisión Nacional del Deporte.

A finales de los años noventa, los porros tuvieron un declive con el cambio de gobierno en el Distrito Federal... hasta que hallaron su entrada en la flamante administración de izquierda.

En los años 2004 y 2005, profesores del CCH Naucalpan documentaron con cámara oculta que los porros de su plantel eran “compitas” de los policías municipales. Por eso, éstos sólo los detenían brevemente cuando los estudiantes los acusaban de las golpizas que les propinaban. Ese mismo año, estudiantes de las prepas 5 y 6 cerraron sus escuelas para demandar la expulsión de los porros. Añadieron -pero nadie les quiso creer-que los porros estaban entregando propaganda de políticos del PRD.

Pero, por si había dudas, ya en 2006, chicos con jerseys de las vocacionales y la universidad acamparon en el plantón de Reforma en apoyo a López Obrador. Los porros siempre han estado cerca del poder institucional. Eso los distingue de las pandillas convencionales.

¿Cómo prevenir el porrismo? Paradójicamente, la solución pasa necesariamente por acabar la criminalización de la juventud.

En la mayoría de los casos, cuando un adolescente llega al porrismo, ya ha sido marginado de su comunidad, de su barrio, del estudio y el trabajo dignos (aunque vaya en una escuela, intuye que sus expectativas no son las de otros). Ya ha perdido la capacidad de soñar con su futuro.
Son varias las autoridades que deben garantizar un futuro a los jóvenes. Pero, cabe preguntarse: ¿Cuántos de esos políticos que han sido beneficiados por los porros realmente renunciarán a ese capital político?



martes, 21 de febrero de 2012

Ventana espinosa


Tomás: un final feliz





*Imagen tomada de la página de Facebook de la organización Por Nuestros hermanos sin voz. 

** Columna "La Rendija" publicada en el Universal Gráfico el miércoles 15 de febrero de 2012


El señor Tomás es como casi cualquier otro ser humano: con virtudes y defectos, y lleno de afecto para su familia. Sin embargo, en su caso, esta familia no es humana; se compone por perros y gatos que, junto a él, comparten la dura realidad de vivir en la calle.

Tomás -que también responde al nombre de Agustín o Pablo- es un hombre mayor en situación de calle. Por años ha sido conocido entre las organizaciones protectoras de animales, ya que desde su situación de calle, ha rescatado a decenas de animales de Tultitlán, Estado de México.

A mediados de enero, sin embargo, el antirrábico y la policía municipal realizaron un extenso operativo para llevarse a sus perros. Un policía amagó al señor Tomás con una pistola. Las autoridades alegaron que había una queja de los vecinos y que los perros habían atacado a personas. Sin embargo, nunca se aportaron evidencias o casos.

Los perros iban a ser sacrificados el 31 de enero. Pero la asociación Nuestros Hermanos sin Voz coordinó una movilización en la que participaron otras organizaciones. Al final, entre todos lograron negociar con las autoridades municipales, y acordaron que los perros serían trasladados a un albergue en el estado de Hidalgo. Al señor Tomás se le permitiría conservar cuatro de ellos en el terreno donde vive.

Durante el tiempo en que Tomás estuvo separado de sus perros, su salud se deterioró bastante. Ahora, los esfuerzos se concentran para que la recupere. La solidaridad que le ha demostrado es el mejor regalo del Día de la Amistad que pudo haber tenido.

Esta historia, hasta ahora, ha tenido un final feliz. Sin embargo, cuando se trata de mascotas, casi nunca lo es. Según protectoras de animales, siete de cada 10 perros regalados -en fechas como Navidad o San Valentín- terminan en las calles. Ni hablar de la suerte de los gatos.

Veterinarios han detectado que la Marquesa es lugar favorito de familias para abandonar a aquellos cachorros que les regalaron en Navidad. Para Semana Santa, los perritos que fueron regalados el 25 de diciembre están vagando por la carretera. Muchos mueren atropellados. Y mientras sufren muchísimo. Además, se genera un problema de salud y seguridad pública.

La solución jamás será la crueldad hacia perros y gatos, sino ser responsables. Empezar por no adoptar una mascota si no se tiene la verdadera intención de que forme parte de nuestra familia por toda la vida.



miércoles, 8 de febrero de 2012

Fue en un cine


Columna "Rendija" publicada en El Gráfico el 8 de febrero de 2012. 


El viernes 3 de febrero, cuatro estudiantes de secundaria -dos niños y dos niñas de entre 13 y 14 años- tuvieron el permiso de sus papás para ir, por primera vez, solos al cine. Era su primer ejercicio de independencia. Nunca pensaron que terminaría tan mal.

Dejaron las mochilas en casa de uno de ellos, caminaron al metro y viajaron una estación. Llegaron al Cinemex Pabellón del Valle, localizado en un pequeñito centro comercial cuyos principales atractivos son un Chedraui en la planta baja y, por supuesto, el cine en el tercer piso. La película: Viaje II La Isla Misteriosa. Función: 3:40 de la tarde.

Al iniciar la película, una pareja de novios de entre 20 y 25 años empezó a causar alboroto. Una de las niñas de secundaria les pidió que se callaran. La mujer la agredió verbalmente. Se hicieron de palabras.

Pero el novio de la joven tuvo una respuesta desmesurada y violenta: se levantó de su asiento y golpeó con el puño cerrado a la niña. Le rompió los lentes, le cerró el ojo y le causó derrame ocular; además le cortó el párpado y el pómulo. Lesionó la retina, y actualmente, se corre el riesgo de desprendimiento.

Los agresores huyeron de la sala, sin que nadie lo impidiera.

Uno de los chicos, también de 14 años, los persiguió: gritó que alguien lo detuviera, pero nunca apreció ningún policía de la plaza. El chico desistió y regresó a ayudar a su amiga.

Mientras tanto, en la dulcería del cine, una joven le regaló un poco de hielo a la chica agredida. En el establecimiento no había botiquín médico; alguien les obsequió en el Chedraui unas muestras gratuitas de analgésico.

Los chicos hablaron con el gerente del cine, Víctor Fernández. Éste nunca llamó al personal de seguridad ni tampoco les proporcionó ayuda médica. Se limitó a darles unos pases de cortesía, e insistió en que la empresa no se haría responsable de lo sucedido. Explicó que el cine no cuenta con personal de seguridad; excepto aquel que contrata la plaza comercial.

Los padres de la menor agredida solicitaron ver las cintas de seguridad para identificar al hombre que la golpeó. Pero el gerente Fernández les dijo que para ello debían contar con una orden judicial. Actualmente los padres de la niña ya presentaron denuncia ante el MP. Tienen pocas expectativas de éxito. Por cierto, en la escuela, algunos padres de familia culparon a la niña, por haber pedido a la pareja que guardara silencio.

martes, 7 de febrero de 2012

Tarde de lectura entre entrevistas

Me gustan los libros. Me gusta el café. (experimentando con la función de subir posts desde el teléfono)

La rídicula estela de luz

¿A poco no parece un edificio enano y sin chiste?

Casitas del Sur, a la ONU


*Columna publicada en el Universal Gráfico el 1 de febrero de 2012.


Este mes se cumplieron tres años desde la desaparición de 11 niños de Casitas del Sur, albergue  administrado por la Iglesia Cristiana Restaurada.
Ahí, la Procuraduría capitalina (PGJDF) enviaba a pequeños cuyos padres se hallaban en procesos judiciales. Hasta ahora, sólo un niño ha sido recuperado.

Se comprobó que casos similares se habían presentado en Monterrey y Cancún. Se trataba de una red que operaba en varios estados de la República.

En ese entonces, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) advirtió que el problema de fondo es que ninguna institución —ni la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), la PGJDF o cualquier otra— tenía un padrón de niños en albergues y mucho menos supervisaba su bienestar.

Ahora, si bien se han establecido protocolos para resolver este problema en el DF,  ni la Sedeso ni la PGJ los han implementado a cabalidad, acusa la CDHDF.
En septiembre de 2009, entrevisté vía telefónica a Mayte Bello Azamar, quien se quedó a cargo de dos sobrinas que vivieron por cinco años en Casitas del Sur. Ella decía:  “La más chiquita, de ocho años [en ese entonces], viene traumada… Quisiera que me platicara bien, pero nada. Se agacha y se queda callada”.

La sobrina más grande, de 13 años, le platicaba que si no cantaban “lo de su religión” (de la Iglesia Restaurada) tenían que hacer planas de escritura. “Mi hermana decía que estaban bien. Pero cada fin de año les decían que sus hijas reprobaban”. Después descubrió que sus sobrinas no tenían registros escolares en la SEP.

La asistencia privada fue el negocio redondo de este grupo criminal. Además del tráfico de niños, Reinsac AC (a la cual pertenecía Casitas del Sur) recibía donaciones de empresas como Walmart de México, Muebles Troncoso, Fundación Sólo por Ayudar IAP (constituida en 1985 por Lolita Ayala). No sólo embaucó a la PGJ, sino a varias fundaciones altruistas que actuaron de buena fe. Y por supuesto, los familiares de varios niños debían pagar cuotas.

En 2009, el caso fue presentado por familiares de los niños desaparecidos ante la ONU. En abril de 2011, la CDHDF lo llevó al Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada e Involuntaria de Personas de la ONU. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado mexicano puede ser responsabilizado e incluso juzgado por estos hechos.

Ojalá y antes de que esto suceda, el gobierno de verdad se haga cargo y los encuentre.

lunes, 6 de febrero de 2012

Nuevo León, cuando el desaparecido es un "poli"


Los policías no son inmunes a la desaparición forzada, con casos donde las autoridades encubrieron o participaron en el secuestro de sus compañeros.



Reportaje publicado en Milenio Semanal en diciembre de 2011

El agente Giovany Urbina Aguilera terminó su turno. Salió del módulo de Licencias, donde laboraba, en el parque Tucán, en Valle Verde, Monterrey, y se dirigió a donde había estacionado su auto. Minutos después, como relataría luego a los familiares, un amigo y compañero de Giovany también salió del módulo y, ya en la calle, un muchacho que ponía papel polarizado a los autos le preguntó si había visto “el levantón”. La camioneta Cherokee blanca modelo 1996 de Giovany ya no se encontraba allí. Eran pasadas las cuatro de la tarde del viernes 26 de septiembre de 2008.

Más adelante, otros testigos señalarían que Giovany, de entonces 25 años, había sido secuestrado por personas que llevaban chalecos con insignias de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y que portaban armas largas. Bajaron de una camioneta Yukon y obligaron al joven agente a subirse a su propioa Cherokee. Ese mismo día, un poco más temprano, fue el último en que se vio a Julián Urbina Torres y a Julián Eduy Aguilera, padre y hermano de Giovany, respectivamente. Ambos se desempeñaban también como agentes de tránsito. Lo último que se supo de ellos es que a las tres de la tarde de ese mismo viernes entregaron sus motocicletas en las oficinas de la Secretaría de Vialidad y Tránsito de Monterrey para dirigirse a su camioneta Ford Ranger azul modelo 1987. Un testigo advirtió que se les vio hablando con dos sujetos para después subir los cuatro a la Ranger azul.

El caso de Giovany Urbina ha sido atraído por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pues se encontraron elementos suficientes para considerar que las autoridades participaron en el hecho. El organismo también atrajo los casos de Juan Manuel Ortiz Rodríguez, policía municipal de Apodaca, desaparecido el 27 de febrero de 2009, y los de José Luna Ramírez y José Everardo Lara Hernández, agentes del municipio de Santa Catarina, desaparecidos el dos de mayo de 2007. Se espera que el GTDFI atraiga, eventualmente, el caso de Julián y Eduy.

No existen estadísticas oficiales sobre el número de desapariciones forzadas en el país; tampoco las hay sobre estas desapariciones en Nuevo León. Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) da hoy seguimiento a 114 casos en ese estado; en 35 por ciento de ellos se han presentado elementos que indican la participación, por acción u omisión, de algún servidor público. Pero el problema es nacional. De acuerdo con el GTDFI, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos registró un aumento sostenido en el número de quejas sobre desapariciones forzadas, ya que pasó de cuatro en 2006 a 77 en 2010. Sin embargo, en ese lapso sólo se le informó acerca de dos sentencias condenatorias en contra de funcionarios públicos por ese delito en todo el país.


A MARCHAS FORZADAS

Cada persona que ha tenido la desdicha de tener desaparecido a un familiar constata que las investigaciones del Ministerio Público (MP) son siempre a marchas forzadas, y dependen en su mayor parte de las indagaciones que hacen los propios familiares. Para mayor agravio, Giovany recibía por su trabajo un sueldo neto de dos mil 250 pesos a la quincena, el mismo monto que su padre y su hermano. Según la prensa, actualmente sus familiares no reciben ningún tipo de ayuda económica por parte de la institución en la que laboraban. La dependencia catalogó el caso como abandono laboral y dejó a las esposas de Julián y Eduy a la deriva.

En noviembre de 2008, Gloria, esposa de Julián y madre de Eduy y Giovany, presentó a las autoridades la sábana de registro de llamadas del Nextel que Eduy llevaba el día que desapareció. El aparato continuó funcionando hasta el dos de octubre, pero las autoridades no investigaron de forma inmediata ni los números marcados, ni la localización del Nextel (determinada por las antenas de recepción). Según registros del caso (a los que M Semanal tuvo acceso), el MP no sólo no utilizó esta información, sino que dejó pasar un año entero antes de solicitar la información de los otros teléfonos celulares que llevaban las víctimas. Por desvaríos burocráticos, los datos fueron entregados mucho después.

Las llamadas telefónicas no fueron el único indicio que las autoridades desperdiciaron. Algunos de los testigos fueron llamados a declarar hasta un año después de los hechos; además, las pocas pruebas periciales fueron contaminadas por mal manejo.

El 23 de abril de 2009, casi siete meses después de la desaparición, fue asegurada de nuevo la Cherokee blanca de Giovany. Las placas originales habían sido removidas y se encontraron al día siguiente en un Tsuru blanco, localizado en un lote de autos. Pasaría un año más para que las autoridades se enteraran de que el Tsuru había sido propiedad del estado de Nuevo León, y que tenía reporte de robo desde marzo de 2008. El 15 de enero de 2010, la Dirección de Tránsito de Monterrey remitió al corralón una camioneta Ford azul. El MP determinó que se trataba del mismo vehículo en el que habían desaparecido Julián y su hijo Eduy.

La camioneta llevaba un año y medio abandonada frente a una escuela primaria, a pesar de que los vecinos la habían reportado meses atrás. El 28 de enero de 2010 el personal de agencia del MP realizó una recolección de indicios al interior de la camioneta: fueron encontrados casquillos de armas y lo que parecían ser huellas de sangre; sin embargo, posteriormente, la agencia determinó que las pruebas fueron contaminadas con huellas del personal de la fiscalía.

Actualmente el caso se encuentra varado. Los rastros se enfrían cada año que pasa. Sólo queda un indicio vago en las declaraciones de los testigos: la presión que imprimen grupos criminales a un “poli” en la última cadena de mando para obtener una licencia sin papeles.


POLICÍAS EN LA MIRA

El dos de mayo de 2007 desaparecieron tres elementos municipales: Omar Cabello Cabrera, José Everardo Lara Hernández y José René Luna Ramírez. Los dos últimos casos fueron atraídos por el GTDFI.

Lara Hernández, que entonces tenía 23 años de edad, fue plagiado cerca de las 8:20 de la mañana, a dos cuadras de la Secretaría de Policía y Vialidad de Santa Catarina. Fue interceptado en las avenidas Culebra y Miguel Alemán cuando viajaba en su auto Mercury. Tres sujetos vestidos de color oscuro y con armas largas bajaron de una camioneta Suburban verde oscuro, y a punta de pistola se lo llevaron. José Everardo tenía siete meses de casado.

Por su parte, Luna Ramírez salió de su casa poco antes de las siete de la mañana para dirigirse a su trabajo cuando fue secuestrado por dos sujetos vestidos con pantalones negros, botas tipo policía y chalecos con las siglas AFI, quienes descendieron de un vehículo blanco. Atestiguaron los hechos dos personas, quienes incluso alcanzaron a apuntar la numeración de las placas.

Ambos casos quedaron radicados en el MP Número Dos del Cuarto Distrito Judicial de Nuevo León (Santa Catarina). Ambos fueron escoltas del entonces alcalde de Santa Catarina, Dionisio Herrera Duque (quien en 2011 fue inhabilitado por desvío de recursos); habían participado en un enfrentamiento armado suscitado el 28 de abril, es decir, apenas cinco días antes de su desaparición.

Maximina Hernández Maldonado, madre de Everardo, declaró a la prensa que éste había pedido su cambio porque no le gustaba la forma de ser de Herrera Duque. Poco después de que le concedieron el cambio laboral, desapareció. El MP no hizo diligencia alguna durante los primeros dos años. Cinco años después, las indagaciones son casi nulas, o aún peor: en la inspección ocular realizada en el vehículo de Everardo el día que éste desapareció, el MP omitió detallar el destino de una serie objetos: una hoja que a simple vista parecía formar parte de una denuncia, monedas y una botella. Nada fue recabado. El MP sólo recogió un aro con cinco llaves, y un llavero tipo con los colores del equipo de futbol Tigres.

El 17 de mayo de 2007 compareció Víctor Alejandro García Hernández, compañero de Everardo. Aseguró que lo había visto por última vez la noche del 30 de abril, cuando fueron a tomar unas cervezas junto con otro compañero de nombre Jesús Eligio Mena. Esa noche se habría suscitado una discusión entre los tres. Al día siguiente García Hernández fue asesinado. Se le encontró muerto junto con otros dos hombres en la colonia El Obispo, en los límites municipales de San Pedro Garza García. Mena, el tercer hombre de la discusión del 30 de abril, cayó en contradicciones. En una primera entrevista dijo a la policía ministerial que había sido dado de baja el cinco junio de 2007, pero después, al comparecer frente al MP, aseguró que seguía como elemento activo de esa corporación.

El 14 de octubre de 2011 una nota del diario El Norte informó que Jesús Eligio Mena era uno de los 46 policías del municipio de Santa Catarina detenidos y procesados presuntamente por realizar tareas de espionaje para grupos criminales (actividad conocida como “halconeo”).

Los casos de José René y José Everardo siguen detenidos.



EL VALOR DE UNA FIRMA

En el caso de Juan Manuel Ortiz Rodríguez existen indicios de que su jefe directo falsificó su firma la noche de su desaparición. Aquél, de entonces 33 años, era policía municipal de Apodaca, Nuevo León. Había iniciado su turno a las siete de la noche del 26 de febrero de 2009. A las dos de la mañana del 27, llamó a su madre y le dijo que se encontraba patrullando.

Juan Manuel debía terminar su turno a las siete de la mañana; jamás llegó a casa. La familia llamó a la delegación de Policía y las autoridades aseguraron que había entregado su turno. Al revisar el documento que se encontraba en la delegación para avalar el dato, los familiares se percataron de que la firma había sido falsificada: Juan Manuel no había hecho entrega de su arma ni de su patrulla.

Más aún, en un sitio donde laboran decenas de personas, sólo el jefe directo, de apellido Ovalle, y otro elemento de nombre Ezequiel, declararon haberlo visto en la mañana del 27 de febrero. Una vez que los familiares señalaron que la firma del desaparecido había sido falsificada, el MP se dio a la tarea de reproducir de forma idéntica varias declaraciones ministeriales de elementos policiacos. En éstas aseguraban que los policías no firman ningún documento al concluir su turno. En otras palabras, se pretendía restar valor a la irregularidad en la que incurrió el comandante de turno por la posible falsificación de la firma del desaparecido.

Un día después de la desaparición la patrulla fue hallada en una brecha. La Policía aseguró que dio con su paradero debido a una llamada anónima. En el interior de la unidad se encontraban las armas de Juan Manuel.

De acuerdo con extractos del expediente, el jefe directo de Juan Manuel, el comandante Ovalle, rindió su declaración ministerial hasta el nueve de octubre de 2009; es decir, casi ocho meses después. Encima, se contradijo: advirtió que había visto a la víctima por última vez el 26 de febrero (un día antes de su desaparición), pero luego añadió que Juan Manuel le entregó su pistola Beretta el 27 por la mañana.

Meses más tarde, el MP no había localizado a otros dos compañeros de Juan Manuel que habrían sido claves en el caso. Uno de ellos, el encargado de las radios, había estado en contacto con la víctima durante toda la noche. El jefe de Juan Manuel, quien falsificó la firma e incurrió en contradicciones, jamás fue sancionado o procesado.

Juan Manuel continúa desaparecido. Dejó dos niñas. A una de ella ni siquiera la vio nacer.

Las observaciones preliminares del GTDFI tras su visita a México en marzo de 2011, alertan de que sólo en siete estados de la República se contempla el delito de desaparición forzada: Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Durango, Distrito Federal, Nayarit y Oaxaca. En los 25 restantes no se encuentra tipificado. En Nuevo León se encuentra a punto de aprobarse una iniciativa para tipificar el delito de desaparición forzada en el código penal. En estos momentos, casos como los de Juan Manuel, la familia Urbina, José Everardo y José René no pueden procesarse como desaparición forzada porque el delito simplemente no existe como tal en el código local; los casos son consignados como desaparición, falsedad de declaraciones o secuestro.

La iniciativa en Nuevo León se encuentra “congelada” desde hace ya casi un mes en el Ejecutivo local.

Lydiette Carrión